El Gobierno de Bolivia anunció que solicitará a Estados Unidos información y pruebas sobre las acusaciones contra el fiscal general Roger Mariaca y otros funcionarios a quienes Washington revocó sus visas.

Mariaca fue incluido junto con otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos en una lista de personas sancionadas por Estados Unidos. Según el Gobierno estadounidense, el fiscal habría abusado de su cargo para favorecer actividades vinculadas con el narcotráfico y obstaculizar acciones contra organizaciones criminales. Washington no difundió públicamente las pruebas que respaldarían esas acusaciones.

El fiscal general rechazó las acusaciones y sostuvo que la decisión estadounidense constituye una forma de presión sobre el Ministerio Público boliviano. Mariaca invocó el principio de no injerencia y afirmó que continuará con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, entre ellas una causa que involucra al consultor argentino Fernando Cerimedo.

Frente a la situación, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció que pedirá a Washington antecedentes y elementos probatorios que permitan conocer los fundamentos de las sanciones. Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señalaron que la información será analizada y que corresponde investigar los señalamientos dentro de Bolivia.

La medida estadounidense afecta también a fiscales, jueces, policías, exfuncionarios y empresarios bolivianos. El caso abrió una nueva tensión entre ambos países, mientras el Gobierno de Paz deberá determinar cómo avanzan las investigaciones internas y qué medidas corresponden frente a las acusaciones contra autoridades del sistema de Justicia.