El Parlamento de Bolivia solicitó a la Cancillería que gestione ante Estados Unidos información oficial sobre las acusaciones de presunta corrupción contra el fiscal general, Roger Mariaca. El pedido se produjo luego de que Washington revocara su visa y la de otros funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos.

El presidente del Senado, Diego Ávila, y el titular de Diputados, Roberto Castro, solicitaron que se obtengan documentos y antecedentes a través de los canales diplomáticos. Ávila sostuvo que las acusaciones requieren una respuesta institucional, aunque remarcó que una denuncia no constituye una condena y que deben presentarse pruebas antes de establecer responsabilidades.

Estados Unidos señaló a Mariaca por presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos a evadir la Justicia. El Departamento de Estado incluyó al fiscal entre los funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos alcanzados por restricciones migratorias, en el marco de sus medidas contra la corrupción y el narcotráfico.

Los legisladores también solicitaron al vicepresidente Edmand Lara, titular de la Asamblea Legislativa, que convoque una sesión urgente para abordar el caso y considerar los mecanismos de investigación correspondientes. Castro afirmó que, una vez recibida la información estadounidense, deberá ser remitida a las instancias competentes para determinar las actuaciones legales y parlamentarias.

Mariaca rechazó las acusaciones y cuestionó la decisión de Washington, al considerar que podría representar una interferencia en la soberanía boliviana y en el trabajo del Ministerio Público. El fiscal también vinculó las medidas con investigaciones judiciales que lleva adelante su institución. Mientras tanto, el Gobierno boliviano anunció que solicitará los elementos probatorios y que impulsará una investigación para esclarecer los hechos.