A la crisis política y económica que arrastra el país se suma ahora un fuerte cruce entre el Órgano Judicial, el Gobierno central y la Asamblea Legislativa, luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, advirtiera con iniciar un paro de jueces y vocales si sus demandas no son atendidas.

El reclamo judicial apunta principalmente a tres temas: mayor presupuesto, autonomía en el manejo de recursos y aprobación de normas que permitan reformar el funcionamiento de la justicia. Desde el Órgano Judicial aseguran que la situación es insostenible y que, sin recursos ni cambios normativos, será difícil reducir la mora procesal, modernizar los juzgados y responder a la demanda de la población.

1. Una justicia con bajo presupuesto

Uno de los principales puntos de conflicto es el presupuesto. Las autoridades judiciales sostienen que el Órgano Judicial recibe menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado, una cifra que consideran insuficiente para atender la carga procesal del país.

El pedido apunta a incrementar de manera significativa los recursos para crear más juzgados, contratar personal, mejorar la infraestructura y avanzar en la digitalización de trámites. Según los magistrados, sin plata no es posible acelerar los procesos ni combatir de forma efectiva la retardación de justicia, uno de los problemas más reclamados por la ciudadanía.

Desde el Gobierno, sin embargo, respondieron que un aumento de esa magnitud obligaría a recortar recursos de áreas sensibles como salud, educación u otros sectores prioritarios. Por eso, el conflicto no solo es institucional, sino también económico: el Estado debe decidir cómo distribuir recursos escasos en medio de una situación fiscal compleja.

2. El pedido de autonomía para manejar recursos

Además de más presupuesto, el Órgano Judicial reclama autonomía administrativa y financiera. Esto significa que busca manejar directamente sus recursos, sin depender de la aprobación permanente del Ministerio de Economía.

Para los magistrados, esta autonomía permitiría planificar mejor el gasto, invertir en tecnología, mejorar la seguridad de jueces y vocales, y responder con mayor rapidez a las necesidades de los tribunales. También sostienen que una justicia independiente necesita tener capacidad real para administrar sus propios recursos.

El Ejecutivo, en cambio, plantea que cualquier cambio debe hacerse dentro del marco legal y con responsabilidad fiscal. En el fondo, la discusión toca un tema sensible: hasta dónde llega la independencia del Órgano Judicial y cuánto control debe mantener el Gobierno sobre el uso del dinero público.

3. Proyectos de ley que no avanzan

Otro punto central del conflicto está en la Asamblea Legislativa. El Órgano Judicial presentó varios proyectos de ley que todavía no fueron tratados y que buscan modificar aspectos clave del sistema.

Entre las propuestas figuran normas sobre financiamiento judicial, modernización tecnológica, administración de depósitos judiciales, juicios de responsabilidades contra altas autoridades, remates judiciales y cambios en el régimen disciplinario. Este último punto es especialmente importante porque busca acelerar los procesos contra jueces o funcionarios judiciales denunciados por faltas graves o posibles hechos de corrupción.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia consideran que la falta de tratamiento de estos proyectos demuestra poca voluntad política para encarar una reforma real. En la Asamblea, en cambio, también hubo cuestionamientos hacia los magistrados por no asistir a algunas convocatorias de diálogo.

4. Las acefalías en las altas cortes

La tensión se agrava por las acefalías que quedaron en las altas cortes tras las elecciones judiciales parciales de 2024. Al no haberse completado la elección de todas las autoridades, quedaron cargos vacantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional y en el Tribunal Supremo de Justicia.

Este tema abrió otro debate: cómo cubrir esos espacios sin vulnerar la Constitución. Algunas propuestas plantean que las designaciones sean temporales y excepcionales, ya sea desde el Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa, hasta que se realicen nuevas elecciones.

Pero la idea generó cuestionamientos de distintos sectores, que advierten que nombrar magistrados de forma directa podría profundizar la politización de la justicia. Para otros, en cambio, dejar las acefalías sin resolver puede paralizar aún más el trabajo de las cortes y afectar el acceso de la población a una respuesta judicial.

5. Una crisis de confianza que viene de años

Más allá del conflicto actual, la justicia boliviana arrastra una crisis profunda de credibilidad. La retardación de justicia, las denuncias de corrupción, la influencia política y la falta de respuestas rápidas han golpeado duramente la confianza de la población.

Para muchos ciudadanos, acudir a la justicia significa enfrentar procesos largos, costosos y poco claros. Esa percepción ha convertido al sistema judicial en una de las instituciones más cuestionadas del país.

Por eso, el actual conflicto no puede entenderse solo como una pelea por presupuesto. También expresa una demanda acumulada de reforma judicial, independencia real, transparencia y mejores condiciones para que los procesos avancen.

El desafío para el Gobierno, la Asamblea y el Órgano Judicial será encontrar una salida que no se limite a evitar un paro, sino que abra una discusión seria sobre el futuro de la justicia en Bolivia. Sin acuerdos políticos amplios y sin una reforma estructural, el país corre el riesgo de sumar una nueva crisis institucional a un escenario que ya está marcado por la incertidumbre.