La Central Obrera Boliviana (COB) acusó al Gobierno de impulsar una “cacería humana” contra líderes sindicales y sociales que participan en las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

La principal organización sindical boliviana sostuvo que existen operativos destinados a desarticular las movilizaciones mediante la detención de dirigentes. La denuncia fue difundida mientras continúan las marchas y cortes de carreteras que comenzaron a principios de mayo con reclamos salariales y que luego incorporaron la exigencia de renuncia del mandatario.

El malestar sindical se profundizó tras la decisión judicial que ordenó la detención preventiva por seis meses del dirigente vecinal paceño Justino Apaza. La Fiscalía lo investiga por delitos vinculados a la organización de los bloqueos y por presuntos atentados contra servicios públicos y medios de transporte. Familiares y organizaciones afines cuestionaron el procedimiento de arresto y denunciaron irregularidades en su captura.

A este caso se suman las detenciones de otras figuras vinculadas a los sectores movilizados. Entre ellas se encuentra la exsenadora Simona Quispe, quien recuperó la libertad tras ser liberada por falta de pruebas, y la dirigente cocalera Yesenia Vargas, arrestada en El Alto. Los movimientos sociales consideran que estas acciones buscan debilitar la protesta, mientras que las autoridades sostienen que responden a investigaciones judiciales en curso.

En paralelo, el Parlamento avanza en el tratamiento de una ley que reglamenta los estados de excepción, una iniciativa que genera preocupación entre organizaciones sindicales y opositoras por un posible aumento de las facultades de seguridad del Estado. Mientras tanto, los bloqueos continúan afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, en una crisis que ya provoca fuertes pérdidas económicas y una creciente tensión política en Bolivia.