El Gobierno de Bolivia aseguró que la reducción de la subvención al diésel responde a un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida establece un precio más alto para los grandes consumidores, mientras mantiene el valor subsidiado para otros sectores.

El Gobierno de Rodrigo Paz vinculó el retiro parcial del subsidio al diésel con los compromisos asumidos ante el FMI en el marco de un acuerdo de financiamiento por 1.900 millones de dólares. Según explicó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, la medida forma parte de las acciones previstas dentro del programa económico acordado con el organismo internacional.

La disposición establece un precio de 18 bolivianos por litro para industrias, empresas y otros grandes consumidores. En cambio, el transporte público, los vehículos particulares y quienes utilizan menos de 5.000 litros mensuales continúan accediendo al combustible a un precio subsidiado de 9,80 bolivianos por litro.

La decisión provocó cuestionamientos de distintos sectores productivos, principalmente en Santa Cruz. Productores agropecuarios y organizaciones empresariales reclamaron la eliminación de la medida, mientras transportistas expresaron su preocupación por el aumento de los costos y la situación del abastecimiento de combustible.

El conflicto se desarrolla en medio de una situación económica compleja para Bolivia, marcada por dificultades para garantizar el suministro de diésel. Las protestas y bloqueos de rutas aumentaron la presión sobre el Gobierno, que busca avanzar con sus medidas económicas mientras intenta evitar nuevas interrupciones en el abastecimiento.