Las universidades nacionales de Argentina quedaron habilitadas para establecer aranceles para estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. La medida forma parte de los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia migratoria y de educación superior.

La normativa no obliga a las instituciones a cobrar por las carreras de grado, sino que les otorga la facultad de definir su propia política respecto de los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. Cada universidad conservará su autonomía para decidir si implementa o no esta posibilidad.

El cambio se suma a otras modificaciones introducidas por el Ejecutivo en relación con el acceso de ciudadanos extranjeros a determinados servicios públicos, en el marco de una política orientada a revisar los requisitos para la permanencia y el acceso a beneficios estatales.

La decisión abrió un debate entre quienes consideran que las universidades deben priorizar los recursos destinados a residentes permanentes y quienes sostienen que la educación superior pública constituye un derecho que ha contribuido históricamente a la integración regional y al intercambio académico.