La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de seis delitos por su presunta participación en los bloqueos y protestas registrados entre mayo y junio.

La orden fue emitida por la Fiscalía General del Estado en el marco de la investigación por las movilizaciones que se extendieron durante 53 días y que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Entre los delitos que se le atribuyen a Morales figuran terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado, además de otras imputaciones vinculadas a los hechos ocurridos durante las protestas.

Según la investigación, los bloqueos dejaron un saldo de 22 personas fallecidas y provocaron importantes perjuicios económicos y sociales en distintas regiones del país. La causa también alcanza a otros dirigentes sociales, mientras que organizaciones como el Comité Cívico de Santa Cruz impulsaron denuncias por las pérdidas ocasionadas durante las manifestaciones.

Desde el Chapare, donde permanece resguardado, Morales negó haber cometido los delitos que se le imputan. El expresidente sostuvo que el proceso judicial busca desviar la atención de la crisis económica que atraviesa Bolivia y afirmó que las acusaciones responden a una estrategia de persecución política en su contra.

Esta es la segunda orden de aprehensión que pesa sobre Morales. Desde 2024 enfrenta además otro proceso judicial por no presentarse a declarar en una causa por presunto abuso de una menor, situación que mantiene abiertos distintos frentes judiciales para quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.