El Gobierno argentino oficializó una reforma del régimen migratorio que endurece las condiciones de permanencia para ciudadanos extranjeros con antecedentes penales o que delinquen en el país. La medida también incorpora mayores controles para el ingreso y agiliza los procesos de expulsión.

El Gobierno argentino oficializó una reforma del régimen migratorio que endurece las condiciones de permanencia para ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el país. La medida apunta a acelerar los procesos de expulsión y reforzar los mecanismos de control sobre personas con antecedentes penales.

Entre los principales cambios, se establece la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para concretar deportaciones en plazos más cortos. Además, se amplían los criterios para disponer la expulsión, incluyendo distintos tipos de delitos que antes no implicaban necesariamente la pérdida de la residencia.

La reforma también incorpora mayores controles en los puntos de ingreso al país, con el objetivo de detectar antecedentes penales y prevenir el ingreso de personas con causas abiertas. En este sentido, se prevé una mayor coordinación entre organismos nacionales e internacionales para el intercambio de información.

Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones buscan fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de la ley, mientras que distintos sectores advierten sobre el impacto que podrían tener en materia de derechos y garantías. La implementación de la normativa y sus efectos concretos comenzarán a evaluarse en los próximos meses.