El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta un nuevo pedido de captura en el marco de una causa por presunta trata y tráfico de personas vinculada a una relación que habría mantenido con una menor de edad durante su mandato presidencial.

La investigación sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años entre 2014 y 2016, período en el que habría nacido una hija. La Fiscalía de Tarija acusa además a los padres de la joven de haber facilitado el vínculo a cambio de beneficios y cargos públicos. Según el Ministerio Público, existen más de 170 pruebas reunidas para el juicio oral, entre ellas decenas de testimonios y documentación oficial.

El ex mandatario rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política impulsada por sectores opositores y por el actual contexto de enfrentamiento interno dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Sus abogados cuestionan la legalidad del proceso y afirman que Morales no fue notificado correctamente sobre el inicio del juicio. Además, el líder cocalero insiste en que no existe delito y denuncia que la causa fue utilizada políticamente tras su distanciamiento con el gobierno de Luis Arce y posteriormente con la administración actual de Rodrigo Paz.

Actualmente, Morales permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera considerada su principal bastión político y sindical. Allí es protegido por cientos de seguidores que mantienen bloqueos y controles para impedir el ingreso de fuerzas policiales. Las protestas vinculadas a su situación judicial se suman a la crisis social y económica que atraviesa Bolivia, marcada por movilizaciones sindicales, reclamos contra las reformas económicas y pedidos de renuncia contra el gobierno de Paz.

La tensión aumentó luego de que el tribunal declarara a Morales en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio oral y emitiera una nueva orden de captura. Mientras tanto, organizaciones afines al ex mandatario continúan movilizadas y denuncian que el proceso judicial forma parte de una estrategia para excluirlo definitivamente de la vida política boliviana.