Las protestas de campesinos, mineros y transportistas se intensifican en distintos puntos del país, mientras una marcha avanza hacia La Paz tras más de dos semanas de recorrido.
El Gobierno enfrenta reclamos por una ley agraria, la escasez de combustible y demandas sectoriales que elevan la presión política y social.
El arribo de los manifestantes a la sede de Gobierno coincidirá con el Día del Trabajo, en un escenario de creciente conflictividad.

La semana comienza con un escenario de alta tensión en Bolivia, marcado por el anuncio de movilizaciones y bloqueos impulsados por diversos sectores sociales. A la protesta se suma una marcha campesina que partió desde el departamento de Pando y que prevé llegar a La Paz tras recorrer más de 150 kilómetros.

El principal punto de conflicto es la Ley 1720, que permite la reconversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana o empresarial. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para dinamizar la economía rural, organizaciones campesinas e indígenas advierten que podría facilitar la pérdida de tierras y favorecer su concentración.

A este frente se añade la crisis por el abastecimiento de combustible, con denuncias sobre la mala calidad de la gasolina y la distribución irregular de diésel. Transportistas y sectores productivos han convocado protestas para exigir soluciones inmediatas, en un contexto que ya afecta la actividad económica.

Con la posible incorporación de mineros y otras organizaciones a las movilizaciones, el conflicto amenaza con escalar en los próximos días. El Ejecutivo enfrenta así una prueba clave para contener la presión social y ofrecer respuestas en medio de un clima de creciente incertidumbre.